REFLEXIONES SOBRE UNA NUEVA
LEY UNIVERSITARIA - (PARTE I)
Por:
Severino Castillo Melgar
Ha
llegado el momento de que los sancristobalinos, y la población ayacuchana en
general, tengamos que reflexionar serenamente ante la afrenta e inminente
promulgación de una nueva ley universitaria, como consecuencia de la crisis
universitaria que confronta el sistema universitario actual.
Para
ocuparnos de la propuesta de una nueva ley universitaria, necesariamente
tenemos que analizarla en el contexto sociocultural y político del país. Todos
estamos convencidos que la ley vigente Nº. 23733 es caduca y ha llevado a una
crisis del sistema universitario, así como al descrédito de la denominada
Asamblea Nacional de Rectores (A.N.R); por tanto, requiere su pronta
modificación y contextualizarla a los tiempos actuales, garantizando su
autonomía y sus fines y principios primigenios.
Para
una mejor comprensión de la tarea universitaria, habrá que remontarnos al año
1918, cuando en la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina), se promovió un
movimiento político-cultural, que se extendió por toda América Latina, y en
menor grado en algunos países europeos fundamentalmente en España. Este
movimiento se denominó REFORMA UNIVERSITARIA, que proponía una reforma de las
estructuras, contenidos y fines de la universidad. Esta propuesta impactó en
varias generaciones de intelectuales, científicos, artistas y políticos,
incorporando principios de democratización de la cultura y la enseñanza.
Estos
principios de la Reforma Universitaria, contemplaban la autonomía
universitaria, el cogobierno, la extensión universitaria, el acceso por
concurso y periodicidad de las cátedras, la libertada de cátedra, cátedra
paralela, cátedra libre, gratuidad y acceso masivo, vinculación de docencia e
investigación, inserción en la sociedad y rol de la universidad, solidaridad
latinoamericana e internacional, entre otros.
En
la segunda mitad del siglo XIX y comienzos del XX, emergió una corriente
educativa, que replanteaba las tradicionales relaciones de autoridad en la
educación y la enseñanza, para poner el acento en el protagonismo del
estudiante. En esas condiciones, a comienzos del siglo XX, los estudiantes
universitarios de América Latina comenzaron a crear sus propias organizaciones. Aparecieron los
centros de estudiantes y las federaciones universitarias. El Movimiento de
Reforma Universitaria se había extendido por toda América Latina,
convirtiéndose en un verdadero movimiento continental y mundial.
En
nuestro país, la autonomía universitaria fue establecida por primera vez en
1920, como consecuencia de presiones por parte del movimiento estudiantil.
Posteriormente fue anulada en reiteradas oportunidades, hasta ser garantizada
en la Constitución de 1979. Este principio que sostiene que la universidad debe
ser autónoma y autogobernada, eligiendo sus autoridades, sin injerencia del
poder político, fue un antiguo principio de organización de las más antiguas
universidades europeas, como la de Bolonia, París, Oxford, Salamanca, Cambridge
y traída posteriormente desde España a sus universidades coloniales, autonomía
universitaria que está consagrada en la Constitución Política del Perú, y cuya
esencia, con la nueva ley universitaria, se estaría conculcando, dándole un
carácter intervencionista.
Actualmente
la Constitución Política establece que la universidad es la comunidad de
profesores, alumnos y graduados y que participan en ella sus representantes. La
tarea vital de la universidad debe centrarse en la investigación, en este
aspecto, la reforma universitaria promovía la investigación científica y la
transmisión de esos conocimientos a la comunidad universitaria y a la sociedad;
en este sentido se hace impostergable la inserción de la universidad en la
sociedad, destacando el rol histórico que le compete. En el panorama
latinoamericano, las universidades públicas llegan al siglo XXI con un panorama
diversificado en la formación profesional y con el reto de incorporarse
adecuadamente a otros fenómenos: la sociedad de la información y la
globalización, frente a los cuales debe darse una respuesta y afrontar los
retos del mundo actual, sin perder la esencia que constituye la institución
universitaria.
La
crisis de la universidad peruana, no puede, pues, resolverse de manera simple con la dación de
una ley, es necesario analizarla en el marco de la libertad y presencia de
todas las corrientes del pensamiento, del desarrollo intelectual de sus
estamentos, de la promoción de la tarea de investigación, de la calidad
académica y su acreditación, que deben caracterizar a cada universidad peruana.
Para ello se requiere la conjunción de ideas de la intelectualidad nacional, y
no de advenedizos políticos, ni menos de un parlamento cuyos integrantes
desconocen la esencia de la universidad y su práctica democrática como bastión al servicio del país y la
sociedad.
