La sociedad de cómplices y la crisis de los valores universitarios.
Hay al menos dos versiones sobre el origen de los honoris causa y, como siempre seguro, la verdad la hallaremos en ambas. Hace cinco siglos surge esta tradición vinculada a la necesidad de acceso a prestigios. Los sabios eran honrados reconociendo su estima y aportes al conocimiento, y la universidad crecía en mérito y autoridad, pero también la universidad requería de apoyo, recursos e influencias para mantener su estatus y sus rentas, de modo que pronto se extendió la costumbre de también honrar a quién sin ciencia ni arte era clérigo influyente, noble o rico comerciante. Esto no ha cambiado mucho en el tiempo, pero en algunas partes se ha respetado más la tradición académica y, en otras, la de conseguir benefactores que cuando menos representen los valores cívicos de la sociedad.
En el contexto de Perú y de la presencia de corrupción en las universidades, el honoris causa se ha pervertido al convertirse en un medio para sacralizar redes de influencia política, prebendas, beneficios legales e intercambio de favores en altos puestos de poder, tal como hemos podido escuchar en la avalancha de audios puestos al disposición por el IDL.
Sus calificaciones
Guido Aguila, una pieza clave en el permanente estadio de tristeza comunitaria que ahora inspira la justicia peruana, mantiene actualmente 14 doctorados honoris causa; Ivan Noguera, también conocido como Dr. Rock y por su aparatosa caída a puertas del Congreso, mantiene 4; mientras que Gutiérrez Pebe, quien completa al infame trío, ha recibido 5 en total. Asimismo, César Hinostroza mantiene un honoris causa de la Universidad Sergio Bernales, así como una maestría de Alas Peruanas en el que curiosamente se graduó como único alumno, y un magister en la USMP para el que, de acuerdo con la información del IDL, plagió su tesis. Noguera también mantiene un doctorado de la Atlantic Internacional University, una universidad online acusada de fraude. Además, tanto él como Gutierrez Pebe han estudiado en la Garcilaso de la Vega, contribuyendo así al alarde de influencia de su cuestionado rector, Luis Cervantes Liñán (“Los miembros del CNM, tres garcilasinos”)
Sus vínculos
El vínculo que forma el sistema universitario con la versión de bajo presupuesto de House of Cards producida por el CNM es profunda y perturbadora. Para empezar, el reciente expresidente del Consejo, Orlando Velásquez surge políticamente a partir de la controversial y difunta Asociación Nacional de Rectores, donde alcanzó la presidencia en el 2011 mientras ejercía la rectoría de la Universidad Nacional de Trujillo. Durante esa época, se conoció cómo Velásquez ofrecía, en sus palabras, “exámenes facilitos” para retener a sus trabajadores contratados. Se debe recordar también que la ANR fue severamente criticada en su momento por su férrea oposición a la reforma universitaria y, según Ojo Público, por considerársele un refugio seguro para la corrupción.
Tras la dificultosa disolución de la ANR, sus miembros forman la Asociación de Universidades del Perú (ASUP), quienes a su vez se responsabilizan por llevar a cabo las elecciones de un representante de las universidades públicas y otro de las privadas para conformar el CNM. Y en el 2014, eligieron precisamente a Velásquez y Noguera (quien fue candidato en representación de la TELESUP). Uno de los audios que han salido a la luz pone en evidencia el favorecimiento de los intereses de esta universidad (y de su esposa quien mantiene el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales) a través de convenios de prácticas preprofesionales con Walter Ríos (“un convenio así nomás… que nunca se ejecute porque de repente no tienes interés”).
Pero la trama se complica. Desde el interior del CNM, Guido Águila votó por reponer al exconsejero Alfredo Quispe a pesar de sus denuncias de acoso sexual y manejos irregulares en la UIGV. Velásquez, a su vez, condecoró desde la ANR a Luis Cervantes, rector de UIGV, como “mejor rector del país” mientras se continuaba investigando las millonarias retribuciones que este se autoadjudicaba. Además, en uno de los mayores escándalos involucrando a magnates universitarios, Hinostroza creó jurisprudencia que requiere que la fiscalía pruebe el delito que origina el dinero ilícito para probar lavado de activos, un osado ejercicio de gimnasia legal para librar a Joaquín Ramírez (excongresista, financista de Fuerza Popular y sobrino del rector de Alas Peruanas en su momento) de afrontar cargos. Estos hechos se dieron alrededor de la misma época (2017) en que Ramírez logra poner en funcionamiento la universidad Juan Pablo II en un proceso que ha sido acusado de fraudulento (al no respetar la moratoria de creación de universidades del 2012).
La contradicción ontológica
Los valores universitarios clásicos incluyen la formación cívica, la defensa de la democracia, la transparencia, la conciencia y responsabilidad social. Un gran número de universidades en el Perú envueltas en escándalo han probado una grave falta de los valores descritos y el afianzamiento de redes en el CNM solo es un síntoma de la enfermedad. Tristemente, un sistema de reconocimiento a la excelencia ha sido coaptado como una moneda más en la lucha por el beneficio propio y la impunidad. Vemos ahora que los grados de estudios irregulares/honoríficos pueden llegar a sostener a un exclusivo club a través de su doble misión de legitimar el acceso a cargos altos de poder y mantener vínculos densos entre funcionarios públicos e instituciones cuestionables. Es el año 2005 cuando Gonzalo Portocarrero describe a la sociedad de cómplices como una suerte de contrato fundamentado en un rechazo compartido de imposiciones sociales que se manifiesta en una licencia social para transgredir normatividad pública. En este caso, vemos que la corrupción se normaliza en un amplio espectro de instituciones interconectadas y esto es preocupante por sí mismo. Sin embargo, lo realmente chocante y la verdadera belleza de este exposé es que nos obliga a confrontar la interrogante sobre el rol real de instituciones como la universidad en el Perú del siglo XXI en la construcción institucional y la promoción de la ciudadanía. Y es una imagen incómoda.
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La venta de los honoris causa y grados académicos en algunas universidades del Perú. Este reporte ilustra la realidad de los académicos en el entorno del poder político y determina que han devaluado los grados académicos en el Perú, dejando de la lado la ética y practica de valores, estas instituciones creadas por este tipo de personas son las que siguen vigentes para perpetrar sus intereses de poder y han tomado a la ley como un mecanismo de sometimiento de las masas de aspirantes a perfeccionarse en una carrera profesional, por otro lado han encontrado el mecanismo de someter a los empleados de estas instituciones públicas. Es una lástima que todos los que trabajamos en la Institución Pública consintamos este tipo de prácticas que perjudica a la Institucionalidad de la justicia y la ley.
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