Docencia y Ley Universitaria
Jefrey Gamarra Carrillo (*)
La implementación de la nueva Ley Universitaria ha producido dos corrientes de opinión basadas en un maniqueísmo que deja poco espacio al diálogo y, en el caso de una de ellas, anclada férreamente a lo políticamente correcto. Declararse a favor o en contra de la nueva ley nos hace perder la perspectiva de asuntos no menos importantes sobre la universidad peruana; uno de ellos es la situación de los profesores de universidades públicas que son tomados en cuenta solo complementariamente o para servir como paradigma de lo que se pretende cambiar.
La imagen que se ha construido sobre el docente de la universidad pública es la de un profesional poco preparado para la investigación, radicalizado políticamente, con tendencia a la corrupción e incapaz de superarse a sí mismo y mucho menos aspirar a hacer estudios de posgrado en el exterior. Se asume, además, que cuantos más años de labor tiene el profesor, más pronunciados son los rasgos mencionados. Estas representaciones están presentes en ambas corrientes de opinión sobre la universidad y con seguridad han inspirado a los autores de la nueva ley universitaria.
Así, se atribuye la crisis de la investigación a la incapacidad de los docentes y no se toma en cuenta que, por ejemplo, la propia ley sobre el FOCAM para financiarla con recursos del canon, contiene trabas burocráticas para usarlos más eficazmente. Pretender “capacitar” en investigación a los docentes de universidades públicas ejerciendo un tutelaje sin fecha de expiración a cargo de centros académicos privados no es la mejor manera de resolver el problema.
Con respecto al radicalismo político que se les atribuye, se ha considerado en el artículo 90 de la nueva ley el delito de apología al terrorismo que es, francamente, una mordaza a la libertad de enseñanza y expresión. Obviamente, con una opinión pública aún temerosa del terrorismo y un sistema de justicia que responde a poderes fácticos, los docentes de universidades públicas ni siquiera necesitamos de investigación previa para ser considerados culpables. No se puede entender cómo los de la corriente de lo políticamente correcto no se pronuncian al respecto y aceptan sin reparo que la máxima autoridad de la educación en el país sostenga sin rubor que la ley universitaria respeta la libertad de expresión. De manera similar se asume que la proclividad a la corrupción y otros actos son inherentes a los docentes de universidades públicas.
Pero es también en la cuestión de la edad para el ejercicio de la docencia así como los plazos para conseguir los grados de magíster y doctor donde se percibe el darwinismo social en su variante educativa, respecto a la docencia en universidades públicas. Poner límites a la edad de su ejercicio (70 años) o al acceso a becas de posgrado (55 años) solo para estudiar en universidades del país, son medios para conducir docentes al desempleo. Con los sueldos que actualmente tienen los profesores de estas universidades difícilmente se conseguirá reemplazar a los despedidos y esto coloca en situación de desventaja a la universidad pública que pasará a ser, y esta vez “legalmente”, universidad de segunda clase.
La preocupación y el creciente descontento de buena parte de los docentes universitarios respecto a la nueva ley no puede percibirse como una actitud contra el cambio del sistema universitario, mucho menos puede entenderse como coincidente con los intereses de los propietarios mercantilistas opuestos a ella; pero tampoco puede percibirse como una actitud de “resistencia al cambio” por parte de la vertiente de lo políticamente correcto. Vertiente además cercana a políticas diseñadas por organismos internacionales con base en Washington que bajo el discurso del mejoramiento de la calidad, el ranking internacional y el reclutamiento de los mejores docentes por las universidades privadas, promueven el darwinismo educativo del siglo XXI. Desde nuestra propia perspectiva, la nueva ley debe servir para buscar cambios que realmente sean sostenibles en el tiempo y respeten los derechos laborales de los docentes y ciudadanos en última instancia. Ojalá se entienda que los docentes de universidades públicas no somos los componentes descartables de la educación superior en el Perú.
(*) Docente universitario.
"La República" 13-01-16
Además de muchos vicios que tiene la nueva Ley. Y que los docentes seguimos siendo la ultima rueda del coche
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