Editorial: Doble asalto
La suspensión del cierre de Telesup es una afrenta a la institucionalidad de la educación y la justicia en el país.
No es fácil restablecer algún sentido de institucionalidad donde por mucho tiempo se ha permitido medrar el desorden. Cuando se quiere avanzar, los intereses creados –y que han ido ganando espacios a lo largo de los años– son obviamente los primeros en defenderse de la demanda social por mayor transparencia y rendición de cuentas, usando todas las armas que tengan a su disposición. Ahí radica, de hecho, la principal dificultad del fortalecimiento institucional del que tanto se habla en estos días.
Ello es cierto para la reforma política, para la reforma de la justicia, y también es cierto para la reforma que intenta emprender la Sunedu a favor de la calidad de la educación superior en el país. Como se sabe, la Sunedu viene desarrollando desde el 2015 una revisión de los estándares académicos de los servicios educativos. En la actualidad, 80 universidades tienen ya licencia institucional. De otra parte, son 19 los centros a los que se les ha denegado el permiso para operar. Con ello, los establecimientos deberán iniciar un cierre ordenado que no excederá los dos años y están, además, impedidos de convocar nuevos procesos de admisión.
Por sus dimensiones, los casos más sonados de rechazo de la solicitud de licenciamiento han sido el de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega (UIGV) y el de la Universidad Privada Telesup, esta última de propiedad del excongresista de Solidaridad Nacional José Luna. Según la Sunedu, la UIGV –con más de 16.000 alumnos– no cumplió ninguna de las ocho condiciones básicas de calidad (CBC) necesarias para prestar el servicio. La sostenibilidad financiera de la universidad fue también cuestionada al tiempo que la superintendencia inició un proceso sancionador por presunto uso indebido de activos y excedentes universitarios.
En el caso de Telesup –con aproximadamente 20.000 estudiantes–, la Sunedu afirmó en mayo del presente año que esta “no tiene una propuesta educativa consistente y claramente definida que sustente las diferentes modalidades de estudio (presenciales y semipresenciales) que ofrece a través de sus 42 programas”.
La historia de Telesup, sin embargo, aún no ha entrado a su capítulo final. Alberto Cohen Vela, juez del Segundo Juzgado Civil de Bagua (Amazonas), otorgó una medida cautelar a favor de la universidad que suspendía la decisión de la Sunedu. La sentencia dispone también que la Sunedu otorgue a Telesup no menos de un mes para reformular su plan de adecuación conforme al reglamento de licenciamiento. Curiosamente, el juez Cohen –quien además es procesado en el sistema anticorrupción en Lima por delito de asociación ilícita, con orden de comparecencia restringida vigente– presentó hace pocos días su renuncia al cargo por “motivos estrictamente personales”.
Lo que se evidencia aquí es un doble asalto. El primero, al esfuerzo por el fortalecimiento de la calidad de la educación superior. Más allá de las críticas válidas que puedan existir sobre la labor que desempeña la Sunedu, lo cierto es que los centros educativos tuvieron plazo suficiente para adecuarse a estándares –en general– razonables que el nuevo sistema de acreditación demanda. La sentencia que suspende el cierre de Telesup erosiona la legitimidad de la Sunedu para actuar sobre temas de su competencia y les hace un flaco favor a los estudiantes de esta y otras casas de estudio en similar situación.
El segundo asalto –y que merece quizá una llamada de atención aún más significativa– es el uso y abuso del sistema de justicia para fines poco legítimos, por decir lo menos. Si bien cualquier ciudadano está en absoluta libertad de interponer una acción legal cuando sienta que sus derechos están siendo vulnerados, la medida cautelar interpuesta en un juzgado de una localidad que guarda poca relación con la universidad, y ante un juez cuestionado que renuncia a los pocos días de concedida la acción legal, es una obvia manipulación del aparato de justicia nacional.
Aunque lamentable, la situación tampoco es sorpresiva. Los asaltos al sistema educativo y al sistema de justicia son parte elemental de la defensa que usarán quienes ven en riesgo sus intereses particulares, como decíamos al inicio. La respuesta, sin embargo, no se debe hacer esperar. Es buena ocasión para comprobar qué tan fuerte es realmente la institucionalidad que se ha querido construir alrededor de ambos sistemas.
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