Por:
Severino Castillo Melgar
Si bien en 1918, la Reforma Universitaria cambió totalmente el perfil
de la universidad, en los momentos actuales, en un análisis dialéctico, se impone una nueva reforma que contemporice su misión y visión,
en relación al contexto y escenario
actuales del país y el continente. La situación económica y social es
preocupante, ello explica las extremas dificultades del sistema educativo y de
las universidades nacionales en particular. Los índices educativos son
alarmantes. Sólo el 40 % de los niños que ingresan a la secundaria concluyen
sus estudios satisfactoriamente, la mayoría queda en el camino porque tienen
que trabajar. En los sectores pobres y de extrema pobreza sólo 1 de cada 10
termina la secundaria y 1 de cada 100 termina la universidad, situación que
debe obligarnos a revisar a fondo las políticas públicas, para alcanzar la
equidad y reducir la pobreza. También es necesario formar a sus egresados al
más alto nivel de calidad, desterrando la mediocridad y afianzando su formación
valorativa y actitudinal. La universidad está obligada a hacer ciencia
relevante para la región y el país.
Una ley no basta para mejorar la situación caótica del sistema
universitario, es necesario que el estado peruano asuma su responsabilidad de
priorizar la educación como política de estado, como parte activa de los
grandes proyectos de interés público, estableciendo lineamientos de mejora de
la educación básica regular y de la universidad pública y privada, garantizando
su autonomía y la búsqueda simultánea de su excelencia. Esta será la única
manera de continuar la tarea universitaria en el presente siglo.
En los tiempos actuales, la universidad peruana y entre ellas nuestra
universidad requieren de una urgente reforma o reestructuración, que contemple
aspectos inherentes a la marcha académica, administrativa, de la función
esencial de investigación y de compromiso con la sociedad en lo que corresponde
a la proyección social y extensión universitaria. Una reforma o
reestructuración que surja como necesidad de los propios actores, de sus
estamentos, que son los que conocen a profundidad sus dolencias, y no con
intromisiones externas, ni con intereses controlistas, que cambiarían la
esencia de su autonomía, consagrada en la constitución política del estado.
La universidad peruana en sus tres modalidades: pública, privada sin
fines de lucro y privada con fines de lucro, coexisten reguladas por marcos
normativos disímiles ( Ley 23733 para las primeras y Decreto Legislativo 882
para la tercera). Estas universidades tienen realidades diversas y por lo tanto
diferentes respuestas a los graves problemas que la aquejan; sin embargo, todas
ellas tienen un mismo marco constitucional.
El propósito de esta reflexión es la de analizar la situación actual de
la universidad pública, que como toda institución nacional atraviesa desde
algunas décadas por una crisis académica, financiera y de estabilidad. Esta
reflexión debe también permitirnos reconocer la obsolescencia y
necesidad de cambio de la denominada Asamblea Nacional de Rectores, que se ha
convertido en una asociación que so pretexto de la autonomía universitaria ha
llevado a una crisis de la universidad peruana. Todos aquellos ilusos que
formamos parte del sistema universitario debemos estar convencidos que el
problema no se resuelve sólo con el cambio de autoridades o modificando leyes,
estatutos o reglamentos como algunos pretenden hacernos creer, tampoco el
problema es sólo presupuestal, es necesario abordar con firmeza la mejora de
calidad en la universidad. Es pertinente comprender y aceptar que la
universidad pública no satisface los requerimientos que la sociedad le plantea.
Existe una errada concepción de la autonomía universitaria, debido a su
enclaustramiento, desligada de la responsabilidad que le compete. Anhelamos una
universidad autónoma pero con responsabilidad social. La defensa de la
autonomía, es la esencia primordial, de la universidad, como concepto de
universalidad del conocimiento y de la vigencia del pensamiento libre; por
ello, esto de ninguna manera debe significar que la A,N.R sea sustituida por una Superintendencia de
universidades, cuyo propósito tendría consecuencias funestas para la práctica
de las libertades en las universidades del país.
Otro aspecto que debemos abordar es que actualmente vivimos un
ostracismo universitario, pues, pasamos de ser una universidad pública elitista
a ser una universidad más democrática e inclusiva, pero a costa de bajar la
calidad académica. Esta forma de gobierno, así como la elección de sus
autoridades se ha hecho perniciosa y atenta su viabilidad, genera permanentes
conflictos en los claustros universitarios, promoviendo un ambiente propicio
para la politiquería y los intereses grupales y personales, relegando al último
plano la lucha por la calidad académica. Estos problemas de inestabilidad,
desgobierno, informalidad, magra calidad académica y crisis ética y moral, son
problemas comunes de todas las universidades públicas del país, propiciadas por
un Estado que precisamente promueve su definitivo colapso.
Por ello la respuesta a esta situación debe ser inteligente y
concertada, donde la ley sea consecuencia de un debate con la participación de
los más connotados intelectuales del país. Una ley, no sólo debe centrar su
atención en resolver problemas específicos de una universidad
en crisis, sino resolver la problemática
general de la educación en el Perú, como Política de Estado, esencial para el
desarrollo nacional.
Estimado Severino:
ResponderEliminarEstamos de acuerdo en todas sus partes del artículo que acertadamente escribes en este importante medio, fuera bueno que la comunidad universitaria comente sobre este tema , que es el pan del día para analizar y proponer las modificaciones de la Nueva Ley Universitaria, teniendo en cuenta la situación de la educación en general en el Perú y América Latina, ¿Porqué nos ubicamos al final en la Prueba PISA? y también podría ser todavía oportuno nuestros comentarios para la modificación de las partes esenciales de la nueva ley de la Universidad Peruana, a unto de ser aprobada en el Congreso de la República.