REFLEXIONES SOBRE UNA NUEVA
LEY UNIVERSITARIA
(PARTE III)
Por:
Severino Castillo Melgar
Por todas las reflexiones señaladas anteriormente en esta columna de
opinión, la necesidad de una Reforma Universitaria se hace imperativa en las
actuales circunstancias. La inoperatividad de la universidad peruana tiene como
una de sus causas, el marco normativo en que se desenvuelve, cuya ley anticuada
y desfasada debe ser modificada previo un
debate de la intelectualidad nacional, con la participación de la sociedad
civil, los estamentos y los actores del sistema universitario. Es el momento
de comprender que la universidad pública
ha colapsado y que requiere la adopción urgente de políticas que reviertan esta
lamentable situación.
Estamos convencidos que la universidad peruana tiene que tener
categoría de excelencia, de calidad de los servicios educativos, de liderazgo
en los asuntos vinculantes con el desarrollo social, económico y cultural de la
sociedad. Este fue precisamente el paradigma en la reapertura de nuestra
universidad, y que la distinguió en el
contexto universitario latinoamericano, mereciendo el reconocimiento de las más
destacadas universidades del continente. Por ello es necesario insistir en la
necesidad de construir una nueva cultura académica, que apueste por la
innovación y creación del conocimiento,
fomentando una política de autoevaluación y acreditación.
Actualmente, la universidad peruana afronta el desafío de una necesidad
de cambio, pues vivimos en un mundo que difiere sustancialmente de aquella
universidad del siglo XX; entonces, debemos proponer un desarrollo universitario para el siglo
XXI. Nuestra añorada universidad de San Cristóbal tiene que ser competitiva,
que tenga un reconocimiento académico a nivel nacional e internacional; para
ello requerimos una voluntad política, un compromiso, una metodología estratégica y una participación
plena de todos los cristobalinos.
Nuestra universidad, no puede seguir permaneciendo pasiva en este contexto de
evolución e innovación permanente, requerimos diseñar lineamientos estratégicos
y planes de gestión innovadores de verdadero cambio.
El congreso de la república, a nivel de la comisión de educación, ha
aprobado recientemente una propuesta de nueva ley, que si bien tiene aspectos
importantes a ser tomados en consideración; empero, el propósito del gobierno
tiene un carácter eminentemente intervencionista, al pretender fiscalizar el
funcionamiento de las universidades, atentando su plena autonomía. Si bien, es
necesario renovar el marco legal, empero debe efectuarse en el contexto de la
vigencia de la constitución política y del respecto a las libertades de
pensamiento, de opinión y de investigación. Es inadmisible pensar que el
gobierno, a través de la denominada superintendencia nacional de la educación
universitaria, como instancia dependiente del Ministerio de Educación, pretenda
inmiscuirse en la aprobación de planes de estudio o en la creación de escuelas
de formación profesional, so pretexto de que la universidad peruana está en
crisis, sin comprender que la universidad tiene que ser el bastión de la democracia
y de las libertades de opinión y pensamiento.
Actualmente existen en el país 137 universidades, de las cuales, 51 son
públicas y 86 privadas. Ha crecido de manera irresponsable, a costa del
deterioro de la calidad académica. La irresponsabilidad ha sido de los
gobiernos de turno, con el aval de la A.N.R, que a través del denominado
CONAFU, ha propiciado el mercantilismo en el sistema universitario. La dación
del DL.882, ha permitido el derecho a la iniciativa privada de fundar, promover
y conducir instituciones educativas particulares, muchas de ellas con fines de
lucro, sin garantizar una educación de calidad, y mucho menos el cumplimiento
del Acuerdo Nacional, sobre políticas de estado en materia educativa, que
señala que los peruanos debemos tener derecho
a una educación pública gratuita y de calidad. La A.N.R que fue creada como
ente coordinador y orientador de las actividades universitarias, actualmente ha
asumido otras funciones que no guardan relación con el fin de sus creación y
que están contempladas en el Cap. XIII de la Ley Nº 23733.
Frente a todo ello, y comprendiendo la dimensión de la problemática
universitaria, debemos enarbolar:
-*La
vigencia de la autonomía universitaria, que no signifique libertinaje en los
claustros universitarios y el rechazo a toda muestra de intervención al sistema
universitario.
-*La dación
y promulgación de una ley universitaria, luego de un debate amplio donde
partícipe la intelectualidad nacional, y que forme parte de una política de
estado en el marco de una Reforma Universitaria.
-*La
acreditación y autoevaluación de las universidades del país, en concordancia
con la Ley del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad educativa Nº. 28740, que
garantice la excelencia académica de las universidades peruanas.
-*El rechazo
a la pretendida creación de la superintendencia nacional de la educación
universitaria y rechazo a las prerrogativas que actualmente tiene la A.N.R.
- *La promoción
y fomento a la investigación científica y tecnológica, como principio
fundamental a la noble misión de las universidades, en beneficio del desarrollo
regional y nacional.
-*El respeto
al desarrollo intelectual, al pensamiento libre y democrático en los claustros
universitarios.
-* Garantizar
la educación gratuita en todos los niveles y modalidades de la educación
peruana.
-* El Estado
debe normar los fines de la universidad, que no signifique su fiscalización con
fines político partidarios.
-*La
universidad pública debe merecer una mayor asignación presupuestal, para
garantizar el cumplimiento de sus fines y principios.
-*En el
caso de nuestra universidad, exhortar a la comunidad universitaria un mayor
compromiso e identificación con nuestra Alma Mater.
¡No a la
dación de leyes con carácter intervencionista¡
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