PRONUNCIAMIENTO DE LA ASAMBLEA UNIVERSITARIA DE LA UNSCH
Los miembros de la Asamblea Universitaria, en sesión ordinaria realizada el día 18 de octubre de 2016, han efectuado un análisis de la situación actual de las universidades públicas en los aspectos académico, administrativo, económico, financiero y político, teniendo en consideración la Constitución Política del Perú, la Ley Universitaria,el Estatuto de la UNSCH, la Política de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior Universitaria, aprobada por Decreto Supremo N.° 016-2015-MINEDU, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el Siglo XXI (UNESCO, 1988), la cual indica que “la calidad de la enseñanza superior es un concepto pluridimensional que debería comprender todas sus funciones y actividades: enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario”. Específicamente, los párrafos tercero y cuarto del artículo 96 de la Ley Universitaria, disponen que “las remuneraciones de los docentes de las universidades públicas se homologan con las correspondientes a las de los Magistrados Judiciales. Los docentes tienen derecho a percibir, además de sus sueldos básicos, las remuneraciones complementarias establecidas por ley cualquiera sea su denominación. La del docente no puede ser inferior a la del Juez de Primera Instancia”. Luego de una deliberación, se llegó a los siguientes acuerdos:
1. Exigir al Gobierno Nacional el cumplimiento integral del artículo 96 de la Ley Universitaria, Ley N.° 30220, referido a la homologación de las remuneraciones de los docentes universitarios ordinarios con las de los Magistrados Judiciales y las remuneraciones complementarias, debiendo incluir a los jefes de práctica y docentes contratados, dado a que también ellos desarrollan actividades universitarias similares.
2. Exigir al Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Ministerio de Educación, la asignación de mayor presupuesto para atender prioritariamente las necesidades académicas, el licenciamiento y la acreditación universitaria, el perfeccionamiento y promoción de docentes universitarios, infraestructura, equipamiento de laboratorios y acciones de mantenimiento; todos ellos orientados a mejorar la calidad de la educación superior universitaria: docencia, investigación, proyección social y gestión universitaria, con responsabilidad social.
3. Solicitar al Congreso de la República la promulgación del nuevo marco normativo para el restablecimiento de los derechos laborales de los docentes universitarios (asignación por cumplir 25 y 30 años, subsidios por gastos de sepelio y fallecimiento y entre otros). Asimismo, la bonificación por ejercicio de cargo administrativo de rector, vicerrectores, decanos, director de la Escuela de Posgrado y directores de Escuela Profesional, Unidad de Investigación, Departamento Académico y Unidad de Posgrado.
4. Solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas, a través del Ministerio de Educación, la asignación de mayores recursos para la investigación científica, tecnológica y humanística y para la innovación, en un porcentaje equivalente al 1,5 % del producto bruto interno (PBI); destinados para el financiamiento de equipos y proyectos de investigación, así como para la incorporación a las universidades públicas de docentes investigadores que cumplan con los estándares exigibles y desarrollen proyectos de investigación e innovación.
“Sin recursos, no hay calidad en la educación universitaria ni desarrollo sostenible de un país”
Ayacucho, 20 de octubre de 2016
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