Jefrey Gamarra
Cuando se planteó la
necesidad de una nueva ley universitaria, no dudé en apoyar su promulgación.
Sin embargo, titulares como el de Perú21 del pasado lunes (21-04-2014), o la
citación enviada a los rectores de ocho universidades públicas de provincias
para que informen a la Comisión de Orden Interno del Congreso de la República
el día 5 de mayo sobre las “ideologías extremistas” en sus centros de estudios,
me hace pensar que la finalidad de la nueva ley no es la construcción de una
universidad del siglo XXI sino cumplir con un objetivo político trazado para
extirpar de raíz cualquier pensamiento crítico de las universidades nacionales.
Ahora, sí me parece
extraño que un exjefe del servicio de inteligencia que preside la Comisión de
Educación pretenda hacer aprobar a toda costa un proyecto de ley buscando
provocar pulsiones sociales o miedos y rechazos irracionales de la
población respecto a universidades públicas como la UNSCH. Primeras planas con
fotos que alertan contra la inminencia del peligro terrorista en las aulas
universitarias, revisión de informes finales de investigación académica de
profesores de ciencias sociales de esa universidad a cargo de la policía
especializada (con el pretexto deprobarla comisión de delito de apología al
terrorismo) o los intentos de vincular la actividad académica con acciones
terroristas no son sino síntomas de un proyecto que al parecer involucra a un
poder ya no tan fáctico como el militar.
Cuando
doctrinariamente se sostiene que las universidades nacionales son focos de la
subversión y por tanto tienen que ser vigiladas, y los supuestos profesores
subversivos separados del cargo sin siquiera haber culminado el proceso, dudo
del carácter democrático y transformador de la nueva ley universitaria.
Es más, no creo ser el
primero en percibir los síntomas de un “chavismo de derecha”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario